1. Vivienda: El Plan Juntos y sus Resultados
El Plan de Integración Socio-Habitacional «Juntos» fue una de las iniciativas más emblemáticas del gobierno de José Mujica, concebido no solo como un programa de construcción de viviendas, sino, en palabras del propio presidente, como un «plan de ética» y una «visión a futuro». Este plan representó una continuación y profundización del Plan de Emergencia implementado por su antecesor, Tabaré Vázquez, y buscó abordar las carencias habitacionales de las familias más vulnerables del país.
El objetivo central del Plan Juntos era brindar un hogar digno a familias en situación de precariedad, fomentando la participación activa de los propios beneficiarios, sus vecinos y voluntarios en el proceso de construcción de las viviendas. Este enfoque participativo buscaba no solo proveer un techo, sino también fortalecer el tejido social y el sentido de comunidad. La financiación del plan se basó en una combinación de colaboraciones solidarias de empresas privadas, un significativo aporte personal del presidente Mujica (quien donó el 87% de su salario mensual para este fin) y la venta de propiedades estatales que habían caído en desuso.
En términos de resultados cuantitativos, se estima que a través del Plan Juntos se construyeron miles de viviendas; una fuente menciona la cifra de 15,000 hogares. Un ejemplo concreto de intervención bajo este plan es el proyecto «Luis Batlle Berres», desarrollado entre 2010 y 2018 en Montevideo, que proyectó la construcción de 426 viviendas y buscó promover la mixtura social al integrar a familias beneficiarias del plan con cooperativistas de vivienda y personal de las Fuerzas Armadas. Estos proyectos no solo implicaron la edificación de casas, sino también la mejora del hábitat circundante con la incorporación de servicios básicos como saneamiento, agua potable, vialidad e iluminación pública.
No obstante, el Plan Juntos también enfrentó críticas y desafíos. Evaluaciones académicas de proyectos como el «Luis Batlle Berres» han señalado dificultades en la consolidación de la cohesión social post-ocupación, especialmente en los conjuntos que buscaban la mixtura social, observándose una escasa interacción entre los beneficiarios del Plan Juntos y los miembros de las cooperativas de vivienda. También se reportó una cierta rotación de residentes en las viviendas del plan y problemas en el seguimiento a largo plazo por parte de las autoridades. De manera más general, la política de vivienda promovida desde 2011, que incluía exoneraciones fiscales para impulsar la inversión privada en el sector inmobiliario, fue criticada porque, si bien estimuló la construcción, los beneficios fiscales no siempre se tradujeron en una reducción de los precios finales de las viviendas, limitando así su impacto en la mejora del acceso a la vivienda para todos los sectores de la población. La percepción pública sobre la gestión general del presidente Mujica, según una encuesta de CIFRA de septiembre de 2015 (poco después de finalizar su mandato), indicaba que su figura personal era mejor valorada que los resultados concretos de su obra de gobierno.
2. Educación: Intentos de Reforma, Conflictos y Deudas Pendientes
La educación fue proclamada por José Mujica como una prioridad absoluta de su gobierno. En su discurso inaugural y en reiteradas ocasiones, utilizó la frase «educación, educación, educación, y otra vez, educación» para subrayar su importancia como tema de Estado fundamental y como principal herramienta para combatir la pobreza y fomentar la equidad.
A pesar de este énfasis discursivo, los intentos de llevar adelante una reforma educativa integral durante su mandato enfrentaron numerosos obstáculos y, en gran medida, no lograron los resultados esperados. Se buscó alcanzar un Acuerdo Nacional por la Educación que involucrara a todos los actores políticos y sociales, pero esta iniciativa fracasó. Mujica atribuyó este fracaso a la falta de «madurez» del sistema político, a las «pasiones electorales» que primaron sobre la necesidad de un consenso estratégico, y a la impaciencia de ciertos sectores que exigían resultados inmediatos en un área que, por su complejidad, requiere tiempo y perseverancia. En este contexto, el presidente llegó a acusar a sectores de los gremios docentes de incurrir en un «izquierdismo infantil», criticando lo que consideraba una actitud de nihilismo crítico permanente que obstaculizaba cualquier intento de construcción o solución.
Entre las propuestas concretas que sí se materializaron, destaca la creación de la Universidad Tecnológica (UTEC) en 2012, mediante la Ley N° 19.043.28 El objetivo de la UTEC fue descentralizar la oferta de educación terciaria y universitaria, llevándola al interior del país y enfocándose en áreas tecnológicas y productivas. También se dio impulso a la mejora de la infraestructura escolar.
Sin embargo, la reforma educativa en su conjunto es ampliamente considerada como una de las «grandes deudas» o «fracasos más importantes» de la gestión de Mujica. No se logró revertir el deterioro de la calidad educativa en algunos niveles, ni solucionar problemas estructurales crónicos como la baja tasa de retención en la educación secundaria, la persistencia de una infraestructura deficiente en muchos centros educativos, y los recurrentes conflictos con los gremios docentes. Los sindicatos de la enseñanza, como la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES) y la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES), se opusieron tenazmente a ciertas iniciativas de reforma (como el proyecto Pro-Mejora), denunciaron recortes en el número de grupos y la falta de recursos suficientes, y plantearon demandas constantes por un mayor presupuesto para la educación (reclamando un mínimo del 6% del PIB para la ANEP y la UDELAR), mejores condiciones laborales y edilicias, y una mayor participación en la toma de decisiones sobre las políticas educativas. La oposición política, por su parte, también criticó la falta de un plan concreto y urgente para el sector, llegando incluso a pedir la remoción de autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
3. Salud: Avances en el Sistema Nacional Integrado
En el ámbito de la salud, la administración de José Mujica dio continuidad y profundizó la reforma del sistema iniciada durante el primer gobierno del Frente Amplio. Los pilares de esta reforma fueron el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y el Fondo Nacional de Salud (FONASA), que buscaron universalizar el acceso a servicios de salud de calidad para toda la población uruguaya.
Durante este período se consolidaron importantes logros. Se avanzó en la universalización de la cobertura, y se observaron mejoras significativas en indicadores clave de salud pública. La tasa de mortalidad infantil experimentó un descenso de aproximadamente el 50% entre 2004 y 2017 (abarcando los gobiernos del FA). Se alcanzó un mínimo histórico en la tasa de embarazo adolescente. Un hito particularmente destacado fue la drástica reducción de la mortalidad materna, llegando a registrarse cero muertes maternas en el año 2018 (si bien esto ocurrió después del mandato de Mujica, es un resultado atribuible a la continuidad de las políticas implementadas, incluyendo la despenalización del aborto).
Otras iniciativas relevantes en el sector salud incluyeron el fortalecimiento del Hospital de Ojos «José Martí», que realizó más de 90,000 operaciones oftalmológicas gratuitas, beneficiando a una gran cantidad de personas con problemas de visión. Se implementaron programas nacionales de salud bucal y salud visual dirigidos a niños y niñas, con un enfoque en la prevención y la atención en sectores vulnerables. Hubo una inversión constante en la remodelación y equipamiento de hospitales públicos. Un avance tecnológico y de diagnóstico importante fue la creación, en 2010, del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM), especializado en tomografías por emisión de positrones (PET), cruciales para el diagnóstico y tratamiento del cáncer. El propio Mujica, en sus discursos, resaltó la importancia de defender el sistema mutual de salud, reconociendo su origen en la lucha de «viejos luchadores anónimos» y su valor como capital social del país.